PRONUNCIAMIENTO ANTE LA DISCUSIÓN SALARIAL 2009 Y EL NO INICIO DEL CICLO LECTIVO

CUIDAMOS NUESTRO TRABAJO POR ESO EXIGIMOS

DEVOLUCIÓN DE LOS DÍAS DESCONTADOS
RECOMPOSICIÓN SALARIAL
AUMENTO DE EMERGENCIA AL BÁSICO
DEFENSA DEL 82% MOVIL

La crisis económica avanza y recorre el mundo. Nadie sabe cuánto durará, pero, sin dudas, los poderosos de todo el mundo intentarán descargarla sobre las espaldas de los trabajadores y los pueblos.
La presidenta Cristina Kirchner primero dijo que la crisis no existía. Después, que estábamos “desacoplados”, y que a la Argentina no la iba a afectar. Ahora dice que es una crisis que va a durar poco. La realidad es que también en la Argentina intentarán descargarla sobre nuestras espaldas.
El gobierno decide subsidiar al capital y a las grandes empresas con el discurso de generar producción y estimular el mercado interno. Pero con un salario de $1445, ¿Quién puede entrar en ese circuito de reactivación del consumo? Si los trabajadores en general, no sólo los docentes, no alcanzamos a cubrir la canasta familiar, ¿Cómo se pretende que reactivemos el mercado interno? La política salarial que nos quieren imponer, pone en riesgo fuentes laborales… y de eso nadie habla. Nuestros ingresos y la valoración del trabajo deben ir más allá de una pobre visión pseudokeynesiana.

LOS TRABAJADORES VIVIMOS DE NUESTRO SALARIO
También nos dicen que mientras nosotros reclamamos aumento de salario y de presupuesto, otros pelean por conservar la fuente de trabajo y que debemos ser prudentes. Pero nos preguntamos, el aumento de los alimentos ¿no lo pagamos?, el tarifazo en la luz, las tasas y el gas ¿no nos afecta a nosotros también? El aumento del transporte, ¿no lo vamos a tener que pagar cada vez que vayamos a la escuela? Nuestros alumnos, ¿no son acaso hijos de desocupados que perdieron sus changas; de obreros suspendidos, amenazados con el cese; de trabajadores con sueldos reducidos; de campesinos castigados por la sequía y la política del Gobierno de CK?.

Mientras, el hambre vuelve a crecer en los barrios de nuestras escuelas y la pobreza entra cada vez más a las casas de nuestros alumnos y a nuestras propias casas. Con este panorama, muchos gurises serán expulsados y excluidos del sistema educativo, con ley nueva y todo.
El salario de cualquier trabajador tiene que incluir los bienes y servicios básicos para el sustento que involucra en sus necesidades materiales, bienes culturales - relacionado con el trabajo intelectual que realizamos- recreativos y espirituales.
Ante el fracaso del gobierno en resolver los problemas del pueblo, la gravísima crisis del sistema capitalista imperialista, y en contra de la pretensión del gobierno de que los trabajadores y el pueblo paguemos “los platos rotos”, es necesario la unidad y la lucha de todos los trabajadores para defender la educación, la salud, el trabajo, el salario, la situación de miles de familias desocupadas, de nuestros jubilados y los recursos naturales.
Hay más pobreza y crisis por las malas políticas, no por los reclamos o las luchas de los trabajadores y el pueblo.
No aceptaremos chantaje miserable ni la continuidad del empobrecimiento docente y educativo pretendiendo profundizar el ajuste provocando más diferencias entre los trabajadores y peleas entre los de abajo

LOS DESCUENTOS POR HUELGA SON ILEGALES.
“LOS DERECHOS, DECLARACIONES Y GARANTÍAS ENUMERADOS EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y QUE ESTA CONSTITUCIÓN DA POR REPRODUCIDOS, NO SERÁN ENTENDIDOS COMO NEGACIÓN DE OTROS DERECHOS (…)”
Art. 5. Constitución de Entre Ríos

Los días descontados por huelgas del 2008, afectó nuestro salario en una parte sustancial, violentando el carácter alimentario del mismo, ya que aquél debe cumplir el propósito de garantizar la subsistencia – mínima por cierto – de los trabajadores docentes y sus familias.
Sin la correlativa garantía, el derecho de huelga carece de contenido y esencia. Entonces, declamar el respeto hacia un derecho constitucional y al mismo tiempo aniquilarlo normativamente y penalizar su ejercicio, atenta contra la garantía que dicho derecho conlleva, sin la cual el derecho – en este caso a exigir una justa retribución - queda sin chances de cumplimiento.
Inadmisible conducta en un Estado democrático de derecho, ya que a través de sucesivas acciones, se apuntó a neutralizar el derecho de huelga a través del temor a una ejemplar actuación administrativa y las consiguientes sanciones. La desplegada desde los ámbitos oficiales, fue una conducta ilegal e intimidatorio.
El artículo 14 bis dispone: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, retribución justa; salario míni­mo, vital y móvil...". Es esta misma norma la que establece que “queda garantizado” a los gremios…el derecho de huelga”. ¿Cuál es la protección de la norma constitucional si le es permitido al Estado materializar una penalización, dejando el derecho de huelga sin garantía por no remover la preexistente consumando una desmesurada violación del orden jerárquico normativo?.
De la enunciación precedente, desde el más alto al más bajo de los rangos normativos, surge la expre­sa y tangible consagración del derecho del trabajador a una remuneración justa, equitativa y actualizada, que permita de este modo condiciones dignas de labor y la manutención del trabajador y su grupo familiar. Se trata de una manda constitucional y no de una hueca expresión de deseos. Así: “Si, tal como ya lo hemos expuesto, el estado tiene el deber de promover los derechos humanos, le cabe en relación al derecho de propiedad la obligación de estructurar un orden socioeconómico justo, que haga posible a los hombres acceder con su iniciativa privada a la propiedad de los bienes necesarios para poder vivir conforme a su dignidad de persona” (BIDART CAMPOS, Germán, MANUAL DE LA CONSTITUCIÓN REFORMADA, Tomo II, pág. 11, EDIAR, Buenos Aires, 2002).
Este derecho humano fundamental que integra el “programa social constitucional” no es adecuadamente cumplido por el Estado provincial, consumando una política salarial absolutamente misérrima respecto del sector docente, resultando evidente que la mecánica para conceder readecuaciones salariales consiste en esperar que el conflicto se patentice para convocar a las organizaciones gremiales representativas, en lugar de crear mecanismos de ajuste periódicos u otros que compensen la pérdida del poder adquisitivo de salarios evidentemente ya depreciados, lo cual se ha agudizado en el último tiempo. Son reiteradas las malas prácticas salariales del Estado provincial, concediendo aumentos salariales no remunerativos ni bonificables, sin incidencia sobre los haberes de los pasivos, sumas en negro que no hacen sino degradar – más allá de la incidencia cuantitativa – el salario docente, hoy compuesto por varios ítems en negro que no tributan aportes ni cargas. Y aquí una nueva violación del Estado Entrerriano a la Nueva Constitución que prohíbe el pago con montos en negro.
La actitud renuente y omisiva del Estado en el cumplimiento de esos derechos, motivó el ejercicio de otro dere­cho, también de rango constitucional, el derecho de huelga, habiéndose cumplido respecto de su ejercicio, con los recaudos que determinan su absoluta legalidad. Como contracara, el accionar del Estado provincial consumó una afrenta a derechos de diversa consagra­ción, concretamente al derecho a una retribución equitativa y justa y al derecho de huelga, actuando ilegalmente, contra derecho.
Es ante el agotamiento de las tratativas para la superación del conflicto y ante la inconmovible, infundada y reticente actitud asumida por el Estado provincial, que se desarrollan las medidas de fuerza dispuestas por los sindicatos. Ante el ostensible incumplimiento empleador, se legitima el recurso a medidas de acción directa.
Por toda respuesta, ante dichas medidas, que contaron con el masivo acompa­ñamiento de los docentes, las autoridades provinciales procedieron al dictado de las normas que hoy se atacan tendientes a efectuar descuentos por los días de paro. Se agravia con ello al colectivo de los docentes de la provincia con disposiciones claramente atentatoria de la garantía constitucional. El derecho de huelga – previsto y tutelado por el artículo 14 bis de la C. Nacional – ha tenido receptividad en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en el Pacto de San José de Costa Rica y la Carta de la O.E.A., en forma expresa; y en la Declaración Uni­versal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Dere­chos Civiles y Políticos se lo recepta implícitamente dentro del derecho de sindicalización.

DEFENSA DEL SISTEMA JUBILATORIO SOLIDARIO GENERACIONAL
En Entre Ríos el Sistema Previsional Solidario Generacional se rige por la Ley N º 8732/93, que es de avanzada en el reconocimiento de los derechos socioeconómicos de los trabajadores y que sigue vigente porque la movilización y la lucha en unidad en los años ´90, cuando el poder central pretendía que las provincias transfieran sus Cajas Provinciales, mientras 11 provincias lo hicieron, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos sigue en pie y la Ley 8732 también. Este sistema garantiza el 82% móvil que tiene correlato automático con los aumentos salariales de los trabajadores activos.
La ferocidad del poder central no tiene límites y el sometimiento de los funcionarios provinciales tampoco. En el 2004, la legislatura de la provincia votó la homologación y “armonización” del sistema provincial con el nacional, a cambio de monedas. El 17 de octubre de 2008, mientras el partido del gobierno quería hacer creer a la opinión pública que lo más grave que sucedía ese día era la realización de dos actos por el día de la Lealtad , el gobernador peronista Sergio Urribarri firmaba el Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Entre Ríos por el cual la provincia se comprometió a hacer “converger la ley provincial con la nacional respecto a la edad jubilatoria, retiro por invalidez, pensiones por fallecimiento, haber inicial y movilidad”.

PLATA HAY
¡Plata hay! En lugar de beneficiar a los monopolios, bancos y grandes empresarios, de continuar con el pago de la fraudulenta deuda externa, descargar tarifazos para beneficiar a las privatizadas y hacer caja para continuar con los “negocios” con sus amigos y su campaña electoral; es necesario destinar los recursos del superávit fiscal, de los U$S 47 mil millones de las reservas, los del ANSES, las grandes ganancias empresarias que son fugadas al exterior (solo U$S 28.000 millones en el 2008), para poner esa plata al servicio de las necesidades insatisfechas de nuestro pueblo. En la provincia habría más plata si el gobierno escuchara al pueblo entrerriano y peleara por recuperar la coparticipación federal, empezando por rescatar el 15% de la coparticipación que retiene la Nación y que maneja la ANSES -transformada en la financiera del gobierno-.
Las primeras declaraciones del Ministro de Educación, Tedesco, fueron que “no había razones para dar un aumento a los docentes”. El gobierno ha convocado a la paritaria docente recién para el 23 de febrero. Estamos ante el peligro de pretender iniciar las clases sin acuerdo salarial. El gobierno está intentando, como lo hizo en los últimos años, poner “piso salarial” y no una verdadera recomposición de los salarios básicos docentes, que están hoy muy lejos del costo de la canasta familiar. Para esta política ha contado con la colaboración de las dirigencias de los sindicatos nacionales. Para terminar con esta reiteración de entrega de nuestros genuinos reclamos, una verdadera discusión salarial se construye con la deliberación colectiva de los docentes.
Sin dudas que la falta de recuperación del poder adquisitivo, la inflación, y la carestía de la vida tienen que tener algún parámetro para acercar un salario cercano a la dignidad. El inicio del ciclo lectivo nos pone en situación de la realidad concreta de las necesidades de los trabajadores de la educación.
Esto nos plantea organizar la lucha unificada de los trabajadores y el pueblo, apoyar a las que están en curso y desarrollar una pelea conjunta de la comunidad educativa para la nacionalización del conflicto.

NADA SE CONSIGUE SIN LUCHAR
El CXXXVII Congreso Extraordinario de AGMER, realizado en la localidad de San Jaime de la Frontera, el 20 de octubre, resolvió: “Disponer el no inicio del ciclo lectivo 2009, de no haber respuesta en cuanto a la reapertura de negociación salarial y discusión del presupuesto educativo 2009 antes del 30 de noviembre”. El gobierno no cumplió.
En varias provincias (Sta. Cruz, Neuquén, T. del Fuego, Río Negro, Chubut, Salta, Formosa, Jujuy, Catamarca, C. de Buenos Aires) los docentes ya decidieron arrancar el año con planes de lucha incluyendo el NO INICIO de clases. Para abrirle la mano al Gobierno de CK, para que la crisis no la paguemos los docentes, ni nuestros alumnos, ni sus familias, la lucha necesita ser nacional, federal y en unidad con todos los sectores afectados por la crisis económica y la política kirchnerista.
Por todo esto, ante la certeza que en varias provincias se realicen acciones de lucha donde está planteado no iniciar el ciclo lectivo con paros (Salta, Santa Cruz, Neuquén, Ciudad Bs. As., Río Negro, Chubut), participaremos de la nacionalización de la lucha:
1. Participando en la Jornada de Protesta el lunes 23 de febrero, con una delegación de compañeros de la Agrupación Rojo y Negro de AGMER, del acto frente al Palacio Pizzurno –Sede del Ministerio de Educación de la Nación-..
2. Reclamamos a CTERA y las conducciones de todos los gremios docentes, la convocatoria a un Paro y Plan de Lucha Nacional que incluya el No Inicio del ciclo lectivo 2009.
3. Por un salario igual a la canasta familiar. Reclamamos al Gobierno que garantice un aumento de emergencia de $500 al básico y el blanqueo de todas las sumas en negro en cada provincia.
4. La discusión democrática en asambleas de escuela, cuerpos de delegados, asambleas y congresos seccionales y/o provinciales, que aseguren la plena participación del conjunto de la docencia para aprobar estas propuestas, el pliego de reclamos. Exigiendo un Congreso de CTERA con congresales elegidos por las bases que resuelva el monto a reclamar y los paritarios que participen en la negociación con el gobierno nacional, dando impulso a este plan de lucha.

AGRUPACIÓN ROJO Y NEGRO “1º DE MAYO”
22 DE FEBRERO DE 2009