Objeciones al “Fondo Voluntario” del Iosper
A las objeciones planteadas por los trabajadores del Iosper y la CTA, se suman consultas de usuario a Defensa del Consumidor y reparos desde sectores judiciales, en donde se advierte que la cobertura voluntaria de alta complejidad del Iosper podría estar viciada legalmente.
Por A.S., de la redacción de Miércoles Digital
En diciembre de 2008, el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) resolvió mediante la Resolución D- 463 de su directorio, crear un fondo extra de aporte voluntario entre sus afiliados para conseguir un nuevo financiamiento para la realización de intervenciones médicas de alta complejidad, como los trasplantes o las cirugías cardíacas. La idea de la obra social provincial, la mayor prestadora de salud de Entre Ríos con un universo cautivo de 250 mil afiliados, era la de bajar el porcentaje de aporte en coseguro que afrontan los afiliados, que en el caso de un transplante de corazón significa el 30 por ciento sobre el costo total de la intervención, que oscila entre los 50 y los 150 mil pesos.
Lo cierto es que la decisión provocó algunas objeciones, tanto por parte de los trabajadores del Iosper como de otros sectores gremiales, a los que ahora se suman voces que advierten sobre flaquezas jurídicas de la medida, que podría ser difícil de encuadrar en el esquema legal del Iosper.
¿ES COMPULSIVO?
En los primeros días del año, y a partir de la resolución mencionada, el Iosper aumentó de manera compulsiva la cobertura que tenían los afiliados al viejo sistema de Subsidios Por Fallecimiento, agregando ahora la cobertura de los coseguros de una lista de prestaciones de alta complejidad, y algunos chequeos preventivos. La cuota subió 400 por ciento, con descuentos para los más jóvenes. Quienes no manifestaron su negativa fueron considerados como aceptando la propuesta. La idea no es original. Esta forma de venta ("por opción negativa") fue aplicada en su momento por los bancos para venderle de prepo a sus clientes todo tipo de servicios, seguros de vivienda, complementos de salud, etc. y se encuentra expresamente prohibida por distintos instrumentos legales: el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, por ejemplo considera "cláusulas abusivas" aquellas que "contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba al consumidor", es decir que obliguen al consumidor a responder negativamente para que no se imponga un nuevo cargo. Sin embargo, el Estado entrerriano, a través del Iosper, aplicó una cláusula que -de acuerdo a algunos de sus críticos- se inscribe en esta categoría. Para peor, masivamente, en pleno verano y período vacacional. Desde el Iosper, en cambio, se asegura que la reglamentación aprobada establece que el acceso al fondo "constituye una opción voluntaria", aunque de manera automática quedarán bajo ese régimen quienes actualmente conforman el padrón de aportantes del seguro por fallecimiento. Quienes no quisieran incorporarse tenían un plazo de 30 días, que ya concluyó, para solicitar su baja. "En todos los casos en que los afiliados adheridos al subsidio para gastos de fallecimiento, no ejercieren el derecho aludido en el párrafo anterior en el plazo indicado, será considerado automáticamente, como afiliado voluntariamente adherido al Fondo Voluntario para Servicios Especiales", dice la norma.
PARA LA CTA, CREARON UNA PREPAGA
La Central de Trabajadores Argentinos sede Paraná (CTA) había advertido en diciembre, a través de una posición dada a conocer por su secretaria gremial, Graciela Benavídez y su titular Ricardo Sánchez, que la disposición adoptada "contradice el concepto de universalidad de acceso a los beneficios y rompe con el principio de solidaridad siendo el pilar fundamental de esta Obra Social".Pero en esencia, el cuestionamiento de la CTA es que la decisión del Iosper conlleva en la práctica, la creación de un sistema prepago en la obra social. Si una prepaga es un sistema donde se paga una cuota adelantada para obtener el financiamiento de una prestación de salud a futuro, el planteo parece tener sentido. Además, plantean: "En un momento donde los trabajadores están exigiendo la devolución del aporte patronal de los jubilados y el aumento del aporte patronal de los activos, es notorio y sugestivo que el Directorio implemente un sistema prepago en la Obra Social. Sumado a esto el reciente incremento de la orden de consulta de cinco a diez pesos y el desmesurado cobro a los adherentes voluntarios - pesos veinticinco, veintiocho a ochenta y cinco pesos, situaciones estas que impactan en el salario de los trabajadores y jubilados".Para la CTA Paraná, "el Iosper debe instrumentar sus políticas en base a que la salud es un derecho social. Con genuino aporte patronal, implementar políticas de prevención y garantizar el contralor del no cobro de plus por parte de los prestadores a los afiliados para que estos diriman individualmente un conflicto de partes".
PÉRDIDA DE UN DERECHO
Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Seosper), Cristina Juri, dijo a fines del 2008 a la agencia de noticias APF que comparten "en parte" la creación del nuevo seguro de alta complejidad propuesto por el actual directorio, pero expresó su preocupación de que "el afiliado que ha aportado toda la vida para el subsidio por fallecimiento, lo pierde si no paga los 12 pesos" que implica este nuevo fondo. También cuestionó la ausencia de una campaña de comunicación que le permitiera al aportante "pesar, evaluar y decidir" sobre su incorporación."Creemos que la alta complejidad podría ser un buen servicio para las personas jóvenes, pero no para los jubilados por ejemplo, que muchas veces lo único que tienen es ese subsidio por fallecimiento y ahora, si no se adhieren, lo pierden", explicó Juri. Además, dijo que "habría que ver si realmente en la práctica eso da resultado". La inquietud fue planteada por los trabajadores en una reunión de comisión directiva, tras ser informados sobre la resolución. Juri también consideró que la decisión de incorporar "casi compulsivamente" al padrón original de contribuyentes que hoy aportan tres pesos por mes por el seguro de fallecimiento "es un tanto autoritaria". A su entender "tendría que haberse hecho una campaña de comunicación hacia el afiliado y no darle 30 días. Era necesario darle más tiempo al afiliado para que realmente lo piense, lo evalúe y decida".
DESIGUALDADES
Un especialista en cuestiones de administración de salud aseguró a El Miércoles Digital que el sistema implementado está "incorrectamente orientado, resulta compulsivo, es caro e inconstitucional". La tajante definición se basa en que "no apunta a mejorar los servicios sino a brindar servicios que las obras sociales de la Ley 23660/61 ya brindan, obligadas por ley, con los aportes y contribuciones normales. Con esta medida, lo que se termina logrando es que para tener el mismo servicio, en la misma provincia, una familia afiliada al Iosper -que mantiene en cierta cautividad a sus adherentes- aporte 12 pesos por persona, para obtener el servicio que su vecino adherido a una obra social sindical dispone sin pagar nada adicional. Y además puede cambiarla si no le gusta como lo atienden". Añadió que el sistema "está mal informado, porque los afiliados en 30 días no pueden saber de qué se trata, ni cuáles son los beneficios. Termina siendo compulsivo porque funciona por opción negativa; pero además es inconstitucional, porque les quita los derechos a los aportantes del subsidio previo si no pagan este nuevo plan. Y además el costo de 12 pesos aparece como un poco elevado para los que conocemos los costos del 30 por ciento de la alta complejidad".
PROBLEMAS LEGALES
Tal como lo advirtió la CTA Paraná, hay dudas sobre el encuadre jurídico de la disposición adoptada, ya que puede entenderse como una actividad comercial desarrollada desde un Instituto Autárquico Provincial. En efecto ¿se trata o no de de medicina prepaga? Por otra parte no es un detalle menor el hecho de que, quien decidiera no aceptar, perdería la cobertura previa, algo que desde el punto de vista legal parece difícil de sustentar. Entre usuarios que han enviado consultas a Defensa del Consumidor, reclamos gremiales hasta ahora sin respuesta y algunas autoridades judiciales que sugieren la posibilidad de una presentación contra la medida, todo parece indicar que la implementación de la Cobertura Voluntaria de Alta Complejidad de Iosper, lanzada durante el caliente verano entrerriano, está lejos de darse por terminada y podría traer nuevas complicaciones a la gestión de Silvio Moreyra.
