Por Luis María Serroels (para ANALISIS DIGITAL)
Pareciera que la decisión del gobierno provincial de no conversar con la conducción que finalizaba su gestión y aguardar la posesión de los nuevos dirigentes, no fue un acto de prudencia institucional. ¿Porqué suponer esto? Porque se sabía que tras los comicios complementarios por realizarse en media docena de departamentos el 25 de febrero, a la flamante comisión apenas le quedarían un par de días hábiles antes del comienzo de clases, para discutir las diversas cuestiones de una nutrida agenda, que trascienden lo salarial para abarcar varios problemas más.
Haber convocado a paritarias después de iniciadas las medidas de fuerza, es incomprensible. Esto debió hacerse mucho antes de que se produzca el nuevo conflicto, ante el cual el gobierno se erige en juez y parte.
La consabida decisión del gobierno de aplicar descuentos por los días de huelga, aderezada con conceptos que resultan ciertamente injustos para con la docencia, a la que sistemáticamente se le imputa destruír las ilusiones de los niños y defraudar a los padres, no resiste ya el menor análisis. Porque la obligación de asegurar una educación pública y gratuíta es del Estado y esto conlleva resguardar para los maestros un salario digno, sin componentes en negro (¡pobres jubilados!) y sin escalas complicadas.
Hay preceptos constitucionales que resguardan una retribución justa y condiciones equitativas de labor, pero también pactos internacionales que consagran sin duda alguna esta protección orientada a asegurar para cada familia una existencia conforme a la dignidad humana. Si el Estado persiste en incumpir esas premisas-mandatos, mal puede desconocerle el derecho de huelga (art. 14 bis C.N.) motivado precisamente en fallas del Estado patrón. El descuento se transforma en un desconocimiento.
Hoy los gremios han acudido a la justicia y a diferencia de otras veces, no se utiliza el recurso de amparo sino un planteo de inconstitucionalidad de los descuentos, es decir, buscando que se analice la cuestión de fondo. Pero no debe perderse de vista que no en todas las escuelas el no dictado de clases ha sido causado por la ausencia de docentes. Existen hechos que dan cuenta de responsabilidades inexcusables de los organismos oficiales, como ser, falta de baños y aulas, pero también carencia de profesores.
Pedirle comprensión a los docentes (en más del 50 % las maestras son cabeza de hogar) y cuestionarles su responsabilidad ciudadana sabiendo cuánto sacrificio hacen para sostener la educación, constituye un exabrupto intolerable. Hay verdades ocultas que AGMER Seccional Paraná sacó a la luz y que exhiben dilaciones atribuíbles al Consejo General de Educación. Se menciona la falta de nombramiento de profesores en bachillerato para adultos, la demora en autorizar la creación de materias con el consecuente llamado a concurso que posibiliten cubrir los nuevos espacios curriculares que establece la nueva Ley de Educación y, finalmente, la ausencia de autorización para desdoblar cursos que están superpoblados.
Los estudios hechos por la Comisión del Salario del gremio, definen el error en que se incurrió con el reajuste, que termina por sumar al piso salarial de inicio una módica suma de 45 pesos mensuales. Eso, en nuestra provincia y en cualquier lugar del país, constituye una auténtica burla. El ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Adán Bahl, definió el paro como una medida desproporcionada. ¿Y cómo debería calificarse a tan paupérrimo como vergonzante reajuste? ¿no es lamentable que se convoque a reuniones paritarias mientras se advierte que no habrá nueva oferta salarial? Los demás problemas de infraestructura y provisión de docentes no requieren paritaria y deberían tener una respuesta apenas culmina cada año lectivo y no cuando ya se inició.
La vieja y gastada cantilena ya no surte efecto. Lo que sigue imperando es el fracaso de una política educativa muy añeja, con maestros mal pagos, que vive de cambio tras cambio y que se caracteriza por lo errátil y poco transformadora.
FRAGMENTO DE LA LUPA POLITICA 8/03/09
