Miguel Palacín Quispe
Empresas forestales pretenden imponerse violentamente en territorios indígenas, con la complicidad del gobierno, que intenta cercenar derechos con represión, normas jurídicas y reformas constitucionales inconsultas.
El Pueblo Mapuche es víctima una vez más de la feroz represión ordenada por el Gobierno chileno. Las comunidades son invadidas por los carabineros. Y junto a la violencia, el mismo gobierno lanza proyectos e iniciativas legales y administrativas, como la reforma constitucional y falsas consultas, que intentan política y jurídicamente cercenar derechos.
El martes 28 de julio, mientras el subsecretario del Interior enviado por la presidenta Michelle Bachelet a coordinar la represión a los Mapuche al sur de Chile sobrevolaba territorio mapuche en su helicóptero, el Logko de la Comunidad Wañako Millao informaba que el comunero Benjamín Curinao de 25 años fue gravemente herido a bala en uno de sus ojos por parte de la policía chilena.
No es un hecho aislado. Lo mismo ocurre en el Perú, como lo demuestran los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos, que provocaron la Masacre de Bagua. Reformas legales y criminalización son utilizadas por los gobiernos neoliberales del continente, para abrir las puertas a la invasión de territorios indígenas por las transnacionales extractivas.
En el caso de Chile, el estado entrega territorios ancestrales a las empresas forestales, mineras, salmoneras e hidroeléctricas, reproduciendo el racismo que dio lugar a la campaña de exterminio de la Araucanía en el siglo XIX. Esa es la “modernidad” y el “desarrollo” que atentan contra la vida, condenando a miles de Mapuches al desarraigo y el desplazamiento forzoso.
Las Comunidades Mapuche encabezadas por sus autoridades exigen diálogo al Gobierno, pero no son escuchadas. Por ello continúan movilizándose pacíficamente, en demanda de respeto a sus territorios, a sus derechos humanos y sus derechos colectivos. También están convocando a los empresarios chilenos a una Mesa de Análisis y Propuesta, para generar una visión objetiva de la historia y la realidad actual del territorio de la Nación Mapuche.
Las organizaciones indígenas advierten el peligro de que se repita en Chile la Masacre de Bagua y que el genocidio alcance los niveles colombianos. Han denunciado que un comando paramilitar conocido con el nombre de “Hernán Trizano” se estaría reagrupando en la Región de la Araucanía. Este comando obedecería a la corriente fascista de latifundistas de la zona, para, a través de las armas, frenar los procesos de reivindicaciones de Tierras de las Comunidades Mapuches.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, condena enérgicamente la represión contra el Pueblo Mapuche, exige al gobierno de Michelle Bachelet poner alto a su política de exterminio y entreguismo a las transnacionales, y respetar los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas, en particular sus derechos territoriales.
Asimismo, convoca a la más amplia y efectiva solidaridad con los Pueblos Indígenas chilenos, y se suma al llamado a la Cruz Roja Internacional, la Organización Internacional de Trabajo, los organismos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional y todas las instituciones de Derechos Humanos, para que realicen misiones humanitarias a Chile y exijan a ese Estado el respeto de los derechos de los pueblos indígenas amparados por instrumentos internacionales.
Miguel Palacín Quispe es Coordinador General CAOI.
